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ANÁLISIS

¿Cuál es el costo real de la energía en tiempos de dólar histérico?

ENERNEWS/ El Cronista

Por Cledis Candelaresi

Hay vida después del cimbronazo cambiario. Para algunos, paradisíaca; para otros infernal; para todos, diferente. Basta mirar qué pasa con los precios de la energía luego que el dólar llegó a $ 40.

El sector tiene su propia lógica, con algunos principios claros y otros que no lo son tanto. Cuánto cuesta realmente producir un megawatt eléctrico, un metro cúbico de gas o un barril de petróleo es un misterio no siempre fácil de develar.

A las empresas del rubro no les interesa desnudar el corazón del negocio, salvo que sirva para reclamar un subsidio, como ocurre cuando no pueden trasladar inmediatamente cualquier suba de costo a la tarifa final. El Gobierno o los especialistas tampoco ponen el foco en esta cuestión que tiempo atrás se veía vital en el debate para determinar si los precios resultaban razonables para quien los cobra y quien los paga.

Lo que no admite dudas es que estos precios están dolarizados, axioma que nadie se atreve a desafiar. Y si salta el tipo de cambio tienen que subir, en una proporción que no siempre se ciñe estrictamente a la misma fórmula matemática. Funcionarios y entendidos descuentan que el 89% de los costos para generar electricidad están ligados al dólar y el 80 % del costo de la nafta corresponde al crudo, cuyo precio también está fijado en esa moneda.

Otro punto fuera de dudas es que la devaluación alteró todas las ecuaciones, aunque en diferente sentido. De un lado están las productoras de gas y petróleo, que gracias al nuevo tipo de cambio consiguieron licuar una porción de sus costos y ahora pugnan con distribuidoras (o refinadoras, en el caso de las no integradas) por mejorar sus ingresos en pesos tanto como trepó la divisa norteamericana.

Del otro están consumidores y el Estado, que por la misma cuenta está obligado a pagar más subsidios a pesar de la estrechez fiscal. El dilema es serio y obliga a Hacienda a afinar el lápiz.

El Gobierno no quiere, por ejemplo, dejar de pagar el precio incentivo al gas no convencional de Vaca Muerta, pero de los u$s 1000 millones que debía prever para ese fin el año próximo, el proyecto de presupuesto sólo contempla 700. Las empresas beneficiarias saben que dispondrán sólo el 70% de ese subsidio y por estas horas concentraron sus esfuerzos en negociar un mecanismo que les garantice el cobro del 30 por ciento restante, promesa que honrarán administraciones futuras.

La crisis fiscal y la escasez de divisas forzó también al secretario Javier Iguacel a revisar la fórmula que se estuvo usando para calcular aquel premio a la producción de gas no convencional, a fin de hacerlo menos generoso. Las petroleras terminaron aviniéndose a esos recortes, quizás porque saben que en este contexto crítico conservan el privilegio de que sus inversiones sean en parte cubiertas con los escasos dólares del sector público. Y porque descuentan que el macrismo hará el mayor esfuerzo para que esos cambios no resulten en una ruptura lisa y llana de contrato.

Las urgencias soslayan la reflexión sobre la justicia de los valores, cuestión algo opaca. El precio del gas mayorista no es estrictamente libre ni formalmente regulado, como la tarifa final que pagan los hogares que lo consumen. Pero al igual que con el petróleo, el Estado sí interviene para determinar un precio en negociación con las productoras y resuelve, luego, cuánto de eso cubren los usuarios y cuánto las exhaustas arcas públicas.

En esta alquimia numérica no parece tallar cuánto cuesta realmente producir los hidrocarburos, computando en ese cálculo los intentos exploratorios fallidos. Funcionarios, empresarios y especialistas sí admiten como referencia las paridades de exportación e importación.

Generalmente, la primera se toma en cuenta para el petróleo y la segunda para las naftas, dando por supuesto que hay condiciones operativas y económicas para poder exportar íntegra la producción de crudo o sustituir a pleno los carburantes locales por los importados.

Esas reglas son decisiones arbitrarias, que los administradores de turno convalidan en acuerdo con las empresas, parte claramente interesada. Tanto que hay papers contradictorios acerca de cuál es la norma cada caso: ¿import o export parity?...

El dilema oficial madre es que haya precios atractivos como para que las empresas inviertan sin subsidio y tolerables para la economía. Pero desmenuzar las ecuaciones empresarias para saber cuánto cuesta realmente producir esos bienes, que saltan hacia arriba de la mano de un dólar histérico, es una incorrección política. Pensar en costos reales como base para una fórmula que también contemple una "rentabilidad razonable" no sólo es un enfoque pasado de moda sino que devino en tema tabú.

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